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EEUU negará la ciudadanía a los inmigrantes que reciban ayudas

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La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó ayer una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en EEUU será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

“En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses”, detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli.

“Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a EEUU o que se queden aquí y obtengan una ‘green card’ (permiso de residencia permanente”), aseveró Cuccinelli.

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Marielena Hincapie, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, una ONG con sede en Los Ángeles, cuestionó la nueva regulación y señaló al diario The Washington Post que se trata de “fundamentalmente de un intento del presidente Trump de transformar nuestro sistema migratorio en favor de los ricos”.

Iniciativas anteriores han buscado vetar la entrada de personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, revocar el programa DACA (que beneficia a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a EEUU siendo menores de edad) así como poner fin a los programas de protección temporal a inmigrantes de El Salvador, Honduras, Haití o Nicaragua.

 

NO SE REGISTRARON DEPORTACIONES

La comunidad boliviana en Virginia, Washington, se encuentra asustada con el solo hecho de escuchar deportación, indicó ayer a Los Tiempos la activista boliviana Ingrid Vaca.

“Hasta el momento, dentro la comunidad boliviana no se ha escuchado todavía de ningún arresto ni deportación, pero no así con los hermanos salvadoreños”, indicó Vaca.

Según la activista, el problema que tienen los inmigrantes radica en que no conocen sus derechos, lo que es aprovechado por los funcionarios de migración, quienes les piden sus documentos y, al no contar con éstos, los inmigrantes se alteran, lo que posibilita sus arrestos.